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Este es el último post de la serie Compliance en la historia. En un total de cinco publicaciones, recorrimos los principales acontecimientos desde el germinar del área, a comienzos del siglo pasado. Hoy terminamos tratando sobre lo que denominamos como la era de oro del combate a la corrupción en Brasil, comenzando a partir de 2011. Vale destacar que esa separación en fases tiene sólo fines didácticos. La historia no sigue un flujo rectilíneo.

Este contenido integra el Compliance Handbook da Interact, un material de 130 páginas que contempla el histórico, los fundamentos conceptuales, la legislación brasileña, los principales modelos en el mundo y como el SA Strategic Adviser atiende a estas recomendaciones. La investigación elaborada por Interact basó la creación de la solución en tecnología Compliance & Gestión de Riesgos.

Vea las publicaciones anteriores:

Primera fase: la germinación del area
Segunda fase: El nacimiento del area
Tercera etapa: Era del lavado de dinero
Cuarta etapa: Era de los fraudes y leyes más severas

Open Government Partnership

La quinta fase histórica de Compliance comienza en 2011. En septiembre de ese año, Sudáfrica, Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, México, Noruega y el Reino Unido firmaron la Open Government Partnership, una iniciativa dirigida a difundir y alentar las prácticas gubernamentales globales relacionadas con la transparencia del gobierno, el acceso a la información pública y la participación social. Actualmente, 75 países forman parte de la asociación.

Presidentes de los países involucrados en la Open Government Partnership

Como reflejo de este compromiso, la Ley 12.527, conocida como Ley de Acceso a la Información, fue sancionada en el mismo año en Brasil. Por primera vez, se crearon mecanismos que hicieron posible que cualquier persona, física o legal, sin la necesidad de presentar una razón, recibiera información pública de los órganos y entidades. Se aplica a los tres Poderes de la Unión, Estados, Distrito Federal y Municipios, incluidos los Tribunales de Cuentas y Ministerio Público. Las entidades privadas sin fines de lucro que reciben dinero público también están enmarcadas por la ley.

Dos años más tarde, Brasil experimentó una agitación social, popularmente conocida como las Jornadas de junio de 2013. En la Primavera árabe (2010-2012), que provocó manifestaciones en el Medio Oriente y el Norte de África, comenzaron las protestas brasileñas contra el aumento del transporte público y, en su apogeo, reunió un mosaico de directrices contra la corrupción política en general.

Protesta en el Congreso Nacional de Brasil, el 17 de junio de 2013. Foto: Valter Campanato/ABr

Como respuesta, fue urgente proceder con la Ley 12.846/2013, conocida como la Ley Anticorrupción, junto con la Ley 12.850 / 2013, conocida como la Ley de la Donación Premiada. Originadas en el proyecto de ley 6.826/2010, inspiradas por los compromisos asumidos por Brasil con organizaciones internacionales, imponen un castigo tanto a quienes reciben sobornos como a quienes los ofrecen.

Al año siguiente, comenzó la Operación Lava Jato, basada en los poderes otorgados por estas dos leyes. En marzo de este año, completó 5 años de actividad. Como resultado, hasta ahora ha aplicado 2.294 años de condenas y 159 prisiones. Controversial, la Operación tomó nombres importantes de la política carcelaria brasileña. En 2014, había seis fiscales trabajando en las investigaciones. Hoy, el equipo de trabajo en Curitiba cuenta con 13 fiscales y un equipo de más de 50 empleados del Ministerio Público de la Federación, además de la participación de otros 8 estados.

La Ley Anticorrupción presenta como penalizaciones la publicación extraordinaria del delito por parte de la empresa, revelando el castigo basado en esta ley, y establece una multa que puede alcanzar el 20% de las ventas brutas o hasta R$ 60 millones. Esta cantidad puede reducirse con la adopción de un programa de Compliance conforme a los requisitos de la legislación.

Estos parámetros fueron regulados por el Decreto No. 8.420 de marzo de 2015. En caso de un acto de corrupción, se llamará a la entidad legal para proporcionar aclaraciones. En esta evaluación, el documento presenta el siguiente extracto:

“Párrafo 4. En caso de que la entidad legal presente en su información de defensa y documentos relativos a la existencia y funcionamiento de un programa de integridad, el comité de proceso lo examinará de acuerdo con los parámetros indicados en el Capítulo IV, para determinar la dosimetría de las sanciones que se aplicarán” (BRASIL, 2013).

Si la entidad legal ha cometido acciones ilícitas pero está dispuesta a ayudar en las investigaciones para capturar a otros involucrados, un proceso conocido como acuerdo de clemencia, la legislación menciona:

“Art. 37. El Acuerdo de clemencia contendrá, entre otras disposiciones, cláusulas que se ocupan de:
[…] IV – la adopción, aplicación o mejora del programa de integridad, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Capítulo IV “(ibid., 2013).

En el Compliance Handbook da Interact, detallamos las disposiciones de la ley y el decreto brasileños. Finalmente, en 2015, la Controladoría General de La Unión – CGU, un organismo vinculado a la Presidencia de la República, responsable de las políticas anticorrupción, presentó el modelo de un programa de integridad en línea con estos parámetros. Las recomendaciones se agrupan en cinco pilares, también entrecruzados en nuestro material con las equivalencias con nuestro sistema.

Referencias

BRASIL. Decreto-lei nº 12.846, de 1º de Agosto de 2013. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm

Folha de S.Paulo. Após 5 anos, Lava Jato soma controvérsias. 2.294 anos de penas e 159 condenados. 17 de março de 2019.

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